Realizan Foro de Diálogo y Análisis del Servicio de Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas

. Certifican a 24 traductores e intérpretes indígenas Ralámuli y Ódami.

. Conferencia denominada “El Valor de nuestra palabra: organización y profesionalización de traductores e intérpretes de lenguas indígenas”, efectuada por la Lic. Edith Matías Juan

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y organizada por el PIAI; se destaca que dicha videoconferencia busca reflexionar acerca de la importancia de la organización y el trabajo colectivo entre traductores e intérpretes de lenguas indígenas como una vía para fortalecer su ejercicio profesional. Se comparten iniciativas y herramientas desarrolladas de manera colaborativa, así como los beneficios y oportunidades que brinda la participación organizada para la profesionalización y fortalecimiento del gremio.

En su intervención, la conferencista, dijo que aquí lo importante es que los propios hablantes de las lenguas identifiquen las problemáticas que existen en el ejercicio de la traducción e interpretación, con pertinencia cultural y lingüística debida. Se establece, en el marco de la nueva relación e importancia de los pueblos indígenas, con el Estado Mexicano, luego de la reforma al artículo segundo de la Constitución que reconoce a estos pueblos, sus comunidades y sus miembros, como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y autonomía.

Resaltó que hay distintos ámbitos en el que se requiere a los traductores e intérpretes, tales como el ámbito educativo, de la salud y las múltiples modalidades del ámbito de la justicia. Se ha buscado desde el 2007 un proceso de profesionalización en esta materia, ante la necesidad de que en los procesos penales y de justicia se contara con traductores e intérpretes. Fue a través del INPI en la que se ha venido trabajando desde entonces en la formación de estos intérpretes, identificando primero a las personas que ya ejercían ese trabajo, sin reconocimiento constitucional.

Informa que en en el año 2006 se dieron procesos de formación para habilitar a los intérpretes y mejorar el trabajo que han venido realizando, a manera de política pública. Primero, habilitándose para atender a las personas privadas de la libertad que no llevaron un debido proceso. Poco a poco, se han formado a más intérpretes, identificándose nuevas necesidades para los procesos de traducción e interpretación, técnicas y demás aspectos en los ámbitos médicos, de consulta, judiciales, educativos; desde la cosmovisión, el lenguaje y el pensamiento propias de las comunidades indígenas.

Apuntó En México hay más de 45 mil Organizaciones de la Sociedad Civil registradas, trabajando diversos temas; pero hay muy pocas de ellas que trabajan con las comunidades indígenas y menos son las que trabajan con intérpretes y traductores. Dentro de las que velan por las comunidades indígenas, en su mayoría son de carácter asistencial; sin embargo, hay algunas que sí atienden temas de salud, educación y temas de asistencia jurídica a los pueblos indígenas. La construcción de nuevos derechos particulares para este sector de la población busca dejar de limitar y/o condicionar el aporte y el devenir de los pueblos, para formar también a la sociedad mexicana, con el conocimiento debido de la condición pluricultural del Estado Mexicano, visibilizando la organización comunitaria, sus sistemas de salud, la resolución de conflictos, su gobierno y el manejo de sus recursos naturales, sociales y económicos.

No cualquier persona bilingüe puede realizar un proceso de interpretación, por lo que son las instituciones públicas las que deben impulsar el mejoramiento y profesionalización para estos procesos adecuadamente, siempre comprendiendo la pluriculturalidad de los pueblos y comunidades, como parte del Estado Mexicano. Aquí también es importante que los y las intérpretes cuiden las estructuras propias de sus pueblos de origen, dentro de estos procesos que otrora buscaba homogenizar a las distintas culturas, fundamentalmente basadas en costumbres o tradiciones occidentales. Hoy se busca desde las estructuras indígenas, poner en diálogo al estado mexicano, para visibilizarlo.

Nancy Sánchez Corona del Supremo Tribunal de Justicia, dijo que se ha determinado una coordinación de justicia intercultural, como exigencia que obliga al estado a instrumentalizar la resolución de conflictos desde los pueblos y no desde el sistema judicial. Lo que se busca es rescatar esta forma de resolver desde el pensar y acción de la comunidad y sus propios sistemas normativos, que privilegian la justicia restaurativa desde hace mucho tiempo atrás. El tribunal busca ofertar también procesos de capacitación a mayor número de intérpretes en los distintos espacios donde se requieren.

Cada persona indígena, cuando lo requiera y por ley, tiene derecho a contar con una persona intérprete, conociendo la variante lingüística y sin importar el nivel de castellanización que tenga. Luego identificar, de tratarse de un proceso penal, el número de audiencias que se realizarán, brindándole al o los intérpretes todas las herramientas para identificar la pertinente participación interpretativa. Por ello, se recomienda el relevo consecutivo de intérpretes, para que no se pierda el nivel de concentración y enfoque que requiere un servicio como éste. De igual manera es importante que se brinden capacitaciones a los servidores públicos que no son hablantes de las lenguas indígenas, para modelar un mejor proceso de interacción y comprensión a los intérpretes de lenguas indígenas.

Por último, dentro de las participaciones, se dijo que el nivel de acercamiento que se tiene con el diferente, de una manera respetuosa y horizontal; lo mismo ocurre entonces en la interacción entre las distintas culturas que coexisten y de las cuales se tiene que aprender mucho para una mejor convivencia, entendimiento y participación del Estado Mexicano.

. Conferencia “Ser Intérprete Indígena en la justicia: retos, experiencias y aprendizajes”, efectuada por José Ángel Rivas Vega.

Esta Conferencia es una mirada desde la experiencia de un intérprete indígena tepehuán en el ámbito de la justicia en los tribunales de Estados Unidos, que aborda los retos, aprendizajes y responsabilidades que implica ejercer la interpretación en contextos judiciales, así como la importancia de contribuir al acceso efectivo a la justicia de las personas hablantes de lenguas indígenas.

En su intervención, recordó que dentro de sus primeras audiencias, tuvo que aprender todos los tecnicismos y realizar un glosario para identificar los momentos de un proceso judicial, hasta llegar a una sentencia condenatoria. Recalcó la dureza que han alcanzado estos procesos, con la presente administración en los Estados Unidos; pues son diversos los casos de personas Ódami que se encuentran en comparecencias, audiencias preliminares e incluso sentenciados. Fueron dos años recientes en los que esta situación de atención como traductor intérprete se ha venido complicando.

Es desde hace tres años promotor dentro del área de derechos en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en Chihuahua, desde donde ha podido profesionalizar sus servicios como traductor e intérprete; sin que precisamente se le haya dado la oportunidad de certificarse como tal. Dijo que su sentir, por trabajar por personas de su comunidad, será siempre satisfactorio el poder ayudar a quienes pasan malos momentos en el vecino país, donde la principal barrera es precisamente el idioma anglosajón. Reconoció que no toda la abogacía estadounidense está abierta al servicio que brinda como intérprete Ódami, aunque no son todos; pero siempre estrictos en la manera de aplicar la justicia desde su sistema hegemónico; lo que muchas veces redunda en la minimización de este tipo de casos y más del traductor e intérprete que apela por la justicia de otro país, que por lo general los juzgan por el mismo delito: estancia ilegal en los Estados Unidos.

¿Qué necesidades identifican los intérpretes en torno al sistema de justicia para realizar una mejor función?

Reconoció que, por otro lado, el sistema judicial de Chihuahua, ha desestimado su participación constante en los procesos de esta naturaleza, a favor de personas indígenas en juicio, como traductor e intérprete; desconociendo las razones, pero dejando entrever un tácito desinterés por parte del Poder Judicial en el Estado de Chihuahua.

. Mesa de Diálogo “Interpretación en lenguas indígenas: desafíos actuales y caminos para fortalecer los servicios públicos”.

Esta mesa de diálogo, analiza las condiciones actuales de los servicios de interpretación en lenguas indígenas, sus principales desafíos y áreas de oportunidad. A partir de la experiencia de personas con amplia trayectoria, se comparten propuestas y caminos para fortalecer la calidad, disponibilidad y pertinencia de estos servicios en la atención pública.

Dicha mesa tuvo la modalidad de pregunta y respuesta a los invitados especiales.

Por su parte, Teresa Villalobos, originaria de San Ignacio de Arareco, Municipio de Bocoyna; con trayectoria en la medición lingüística, está adscrita a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas y ha sido traductora, defensora en procesos de consulta previa, libre e informada; es reconocida como mujer destacada en el ámbito municipal. Su pregunta fue: ¿cuál es la situación actual del acceso de las personas hablantes de lenguas indígenas, cuando requieren atención en su propia lengua?

Dijo que en su experiencia, dijo, para la zona de la Sierra Tarahumara, específicamente en Creel, Bocoyna, es muy difícil ese acceso en los centros de salud y es evidente la falta de intérpretes; por lo que no hay comunicación a pesar de que se atiendan emergencias reales, sin tener la manera de ser asertivos en la dolencia o el problema que los lleva a ese centro de salud. Recalcó que lo ideal es contar con intérpretes que conozcan los términos médicos y conocimientos básicos y los pueda interpretar a los hablantes de su propia variante lingüística, contando con elementos de interculturalidad, para estar en el mismo nivel de comunicación y entendimiento. Además, es importante fortalecer la oferta y seguridad laboral para los intérpretes y traductores.

¿Qué responsabilidad tienen las instituciones para garantizar los servicios lingüísticos? Respondió Juan, dijo que la ley indica que esa responsabilidad, en todo tiempo se debe de contar con traductores y ser reactivos en la reacción de atender esa demanda que indica la Constitución. Se debe garantizar que la persona que necesita asistencia lingüística, entienda y se haga comprender, el proceso en el que está, en todos los ámbitos en los que se requiera. En el ámbito jurídico, el lenguaje jurídico y la retención de la información que se brinda de manera bilingüe, es lo más trascendental en un proceso de esta naturaleza. Aseguró que el Tribunal Judicial del Estado de Chihuahua es proactivo en esta situación.

Por su parte José Ángel Rivas, especializado traductor en el distrito sur del Estado de California, Estados Unidos; respondió la pregunta de lo complejo que resulta enfrentarse desde el desconocimiento al servicio como traductor e intérprete. Al respecto recalcó que la experiencia de otros, le encaminaron a profesionalizarse y a prever lo que ocurre en audiencia y la labor que se realiza como auxiliar lingüístico. Aseveró que es la práctica, es lo que vuelve más sencillo y mejor enfocado el servicio que se brinda, pese a no contar con la carrera de Derecho, sino como ingeniero agrónomo. Pese a ello, dentro de las herramientas o procesos que pudo aprender, vinieron con diplomados, cursos, talleres acerca de la interpretación y traducción lingüística indígena, desde el año 2019; lo cual fue coincidente con el proceso pandémico, que a la par obligó la especialización con los medios digitales.

Asimismo, Leonel Barros, originario de Milpillas en Guadalupe y Calvo, profesional en Administración, Comunicador y reportero, Defensor de derechos del pueblo Ódami. Habló acerca de las principales problemáticas que actualmente impiden a intérpretes y traductores, brindar este servicio. Dijo que uno de los problemas que observa es que los traductores e intérpretes, se especializan desde el pensamiento occidental, dejando de lado o brindando poca importancia a la identidad y el sentido indígena. Dijo que los actores que deben involucrarse para que este servicio pueda prestarse, son aquellos que busquen la especialización, la certificación y a la par que visualice que esto debe avalarse por parte de las comunidades indígenas, porque al final de cuentas son las que se benefician de este tipo de servicios lingüísticos. Otra parte es el visualizar que estos servicios no pueden seguir siendo gratuitos o mal retribuidos; más tomando en cuenta la situación de la Sierra Tarahumara, donde las violencias, la vulneración de los derechos y la movilidad forzada son constantes. Además de fortalecer la difusión de los derechos particulares de los pueblos indígenas.

Víctor, del centro de Personas Traductoras, habló acerca del conocimiento de los pueblos originarios en torno a los derechos que les asisten. Recalcó que un derecho que no se puede comprender, difícilmente se podrá ejercer. La pluriculturalidad está presente en todo el territorio nacional. Aún así, es imposible decir que todas las personas conocen todos sus derechos, sino sólo aquellos que les son hasta ese momento vulnerados. Dijo que existe todavía indiferencia en los distintos ámbitos de atención e interacción con los pueblos indígenas, por lo que es notorio el esfuerzo de comunicación que se hace para que estos pueblos conozcan cada vez más acerca de sus derechos y con ello poder exigirlos. El traductor intérprete, adquiere desde luego la obligación de conocer esos derechos, para poder acceder a los mismos.

Dentro del espacio para cuestionamientos, posturas y propuestas, se dijo que desde los diálogos de San Andrés e incluso desde antes, se ha establecido que sea el hablante del español, le diga a las personas indígenas, cuales son los derechos que les asisten. Se recomendó que aquellos que prestan estos servicios realmente cuenten con un nivel académico superior, para poder comprender y expresar en su lengua toda aquella terminología jurídica, para que puedan luchar por el bienestar de las comunidades de las que provienen.